HERMOSILLO, SONORA. Bajo 35 grados centígrados quemantes y asfixiantes por la humedad del ambiente al iniciar septiembre, pareciera una capital silenciosa a comparación de otras grandes metrópolis del mundo. Por el calor, desde lejos se observa la ilusión óptica de un oasis de agua en las calles pavimentadas, a medio día, justo cuando los rayos del sol caen directo sobre las cabezas humanas, las casas y los autos, desprovistos de sombra en medio de los cerros de piedra caliza del desierto sonorense.
El verano ya va de salida, dicen los hermosillenses, quienes rompen el silencio en los taxis, en los camiones urbanos, en los restaurantes, en las reuniones de amigos y recuerdan a la mínima provocación ese junio de 2009, cuando la temporada calurosa entraba con temperaturas hasta de 50 grados; ese viernes 5, diferente, trágico y que en la ciudad norteña sigue vivo.
El incendio de la guardería ABC del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde murieron 49 niños, no se olvida.
Ese día permanece en la memoria de los padres que perdieron a sus hijos y en Hermosillo, Sonora, donde el siniestro paralizó a la ciudad y los hospitales se llenaron de menores, mientras las ambulancias circulaban enloquecidas con el llanto de sus sirenas por las calles que quedaron solitarias, sólo para que socorristas y familiares se movilizaran.
Un hecho enmarcado en época electoral en el Sonora de 2009 y que tuvo un costo político; durante la primera quincena de mayo de 2009, un mes antes de lo sucedido en la guardería ABC, Consulta Mitofsky daba una ventaja de 15 puntos (con 49% de la preferencia electoral) al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Elías Serrano, sobre Guillermo Padrés Elías, del Partido Acción Nacional (PAN).
El 29 de junio de ese año, la encuesta de Mitofsky señalaba que el incendio de la guardería aún estaba ausente en las preferencias electorales, pero el periódico El Universal anunciaba al día siguiente los resultados que colocaba al PAN al frente en la contienda con 49% de los votantes contra 45% de las preferencias para el PRI.
El domingo 5 de julio de ese año el priísmo, que llevaba más de 70 años en el poder en Sonora, cayó y se erigió como nuevo gobernador el candidato panista Padrés Elías.
El mismo Eduardo Bours Castelo reconoció, en conferencia de prensa y luego de conocer los resultados de las elecciones, que el incendio de la guardería incidió en la decisión final de los sonorenses.
Sonora, adolorido por la pérdida, decidió en las urnas.
“Guillermo Padrés es un gobernador circunstancial. Él tomó la bandera de la guardería y dijo que se haría justicia”, dice José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y padre del niño Andrés Alonso García Duarte, quien tenía tres años cuando falleció en el incendio.
Un día después de las elecciones, como virtual ganador, Padrés Elías prometió justicia para el caso de la guardería.
José Francisco desconoce qué tanto influirá el actuar del actual gobernador en el caso de la guardería ABC en las elecciones en Sonora en 2015, pero lo que sí sabe es que desde el inicio de su gestión defraudó la confianza de los padres de 49 niños, quienes le exigen justicia y aseguran que corrupción e impunidad es lo único que recibieron hasta hoy para esclarecer el caso.
Procuración de justicia
Los padres de los niños muertos piden desde 2009 a Guillermo Padrés la destitución de Abel Murrieta Gutiérrez, procurador general de Sonora.
José Francisco García lo señala como uno de los principales actores que obstruyeron las investigaciones sobre el incendio de la guardería ABC durante los primeros días después del siniestro.
Y fue el actuar de las autoridades estatales en la impartición de justicia, uno de los ingredientes que abonó a los resultados de las elecciones de 2009, y que marcó el final del liderazgo priísta en Sonora, recuerda el presidente del Movimiento 5 de Junio.
Sin embargo, a pesar de que Abel Murrieta estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante la gestión de Eduardo Bours, gobernante por el principal partido político opositor del PAN en Sonora, el PRI; pero hasta ahora Guillermo Padrés lo sostiene en el cargo.
Un hecho que nadie se explica, al menos no los padres de los 49 niños muertos.
El 18 de septiembre de 2009 –cinco días después de que Padrés tomara el cargo– un grupo de papás se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno en Sonora para pedirle al gobernador panista la destitución del procurador priísta.
En varias ocasiones el mandatario anunció públicamente la destitución de Abel Murrieta: el 4 de junio de 2010, un día antes del primer aniversario del siniestro de la guardería, Guillermo Padrés dijo que se analizaba retirar del puesto al procurador.
El pasado 5 de junio, al cumplirse dos años del incendio, la petición de los deudos fue la misma.
“Esto es una burla más. Guillermo Padrés es un gobernador que no tiene palabra. En enero de 2010 se comprometió a que el actual procurador, quien sesgó la investigación de la guardería, sería despedido y no cumplió”, afirma José Francisco.
Abel Murrieta está próximo a cubrir dos años, de los seis de gestión del gobierno actual, al frente de la procuraduría.
Dueños de ABC en Hermosillo
Después del 5 de junio de 2009, la vida de los padres de los 49 niños muertos en el incendio dio un giro de 180 grados.
El dolor y la rabia que sienten por el suceso, se mezcla en una serie de emociones.
A José Francisco García, se le enrojecen los ojos azules y las lágrimas se asoman. El hombre de más de 1.80 metros de estatura y de complexión robusta, se quiebra al recordar a su hijo fallecido y al vivir en carne propia la impunidad.
Varios son los señalados en el caso de la ABC, entre ellos, un puñado de personajes que figuran como dueños del galerón, habilitado como guardería, que consumió el fuego y que mató a los pequeños por falta de salidas de emergencia y de medidas mínimas de seguridad.
Aquel día, cuentan los hermosillenses, se aglutinaron a las afueras del inmueble (padres, hermanos, socorristas, policías, periodistas y vecinos) querían hacer huecos en las paredes casi con las uñas para rescatar a los menores, pues la pequeña puerta que fungía como entrada y salida era demasiado pequeña.
Era imposible derrumbar los muros con picos y sólo Francisco Manuel López Villaescusa, pudo hacer tres hoyos con su pick up y salvar a decenas de niños atrapados por el fuego y humo.
Los dueños de esta guardería se pasean por Hermosillo con libertad; asisten a eventos sociales, frecuentan los centros comerciales los fines de semana. Hacen una vida normal como cualquier hermosillense.
Gildardo Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, María Fernanda Camou Guillot, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Antonio Salido, nunca se fueron del país, asegura José Francisco.
“Marcia es el reflejo del tráfico de influencias, porque casualmente es prima de Margarita Zabala y sobrina de Lourdes Laborín de Bours”, subraya José Francisco García.
El padre del niño fallecido, Andrés Alonso, indica que estos personajes jamás se ausentaron de Hermosillo y que la “ficha roja” de Interpol emitida en julio de 2009, donde se dijo buscar a los dueños de la guardería en 178 países debido a que escaparon de la justicia mexicana, fue sólo un distractor.
“Es una mentira, buscaron la estrategia de desviar la atención de que las autoridades estaban haciendo algo. A los dueños, varios padres los vieron y los ven en centros comerciales, aquí andan amparados como prueba de burla. Hemos recibido una y otra burla de las autoridades y los jueces”, asegura.
García Quintana subraya que los dueños irían a Estados Unidos de compras (como muchos habitantes de Hermosillo y del norte de Sonora), pero jamás dejaron la ciudad ni huyeron perseguidos por ningún tipo de justicia.
A decir de José Francisco, los señalados como principales culpables del siniestro y que enfrentan un proceso penal por Homicidio Culposo, Lesiones Culposas y uso indebido de atribuciones y facultades, buscan a toda costa librarse del castigo y aparecen pruebas como el peritaje del particular David Smith que buscan beneficiar a los dueños de la guardería.
Smith beneficia a los señalados
“Tuvimos una audiencia el pasado miércoles 31 de agosto, donde se expusieron algunas fotografías. El juez ratifica el peritaje de David Smith como una prueba que dice que el incendio fue intencional, que trata de decirnos que fue una persona desconocida y esto lleva la intención de disminuir la responsabilidad de los inculpados y los que están siendo procesados por homicidio. El problema es que beneficia a todos los responsables”, declara.
El peritaje Smith contradice al primer estudio que realizó The Mcmullen Company, que dice que el incendio fue provocado por el sobrecalentamiento de un cooler ubicado en la bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la guardería.
El perito estadounidense expone que se detectó un químico flamable a unos metros del aparato. El análisis concluye que el siniestro fue provocado.
Pero el presidente del Movimiento 5 de Junio no está convencido y asegura que en la reunión del miércoles 31 de agosto, estaban padres de los 49 niños y familiares de los dueños de la guardería.
“En ningún momento vimos al autor del peritaje, para que nos explique cuál fue la metodología que siguió para llegar a esa conclusión”, solicita.
Según José Francisco sólo se mostraron algunas fotografías de la guardería, más no un documento explicativo.
“El peritaje no lo he visto. Yo esperaba ver al perito para que me explicara de dónde salió su conclusión; su ausencia habla de una falta de profesionalismo sobre lo que hay ahí”, añade.
Seguirán buscando justicia
Ya cae la tarde en Hermosillo, el calor disminuyó y se asoman algunos nubarrones que anuncian un chubasco veraniego. Después de dar sus impresiones sobre el peritaje Smith, el padre del pequeño Andrés Alonso concluye la entrevista.
Antes asegura que los padres de los 49 niños muertos en el incendio continuarán exigiendo justicia y que al menos dieron un paso adelante en su búsqueda con la aprobación del Senado, en abril de este año, de la Ley General de Estancias Infantiles “Ley 5 de Junio”.
El Senado de la República aprobó en abril esta ley y el 8 de septiembre pasado la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados le dio la revisión final en comisiones. Se espera que, antes de terminar este mes, la iniciativa sea votada en el pleno.
Esta legislación establece medidas de seguridad como rutas de evacuación, salidas de emergencia y la cancelación del registro de la guardería en caso de que un menor muera o sea víctima de delito sexual.
En cuanto a los procesados por el incendio de la ABC la petición sigue en pie, afirma José Francisco:
“Cárcel a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos de la muerte de los 49 menores y de las lesiones de otros 70, así como sanción administrativa e inhabilitación de por vida para ocupar puesto público para los funcionarios que no alcancen sanciones penales”.
